El Gobierno de España ordena retirar miles de anuncios en plataformas como Airbnb y Booking, con Adeje y San Bartolomé de Tirajana a la cabeza, mientras la falta de control permite que continúen operando por otras vías.
El alquiler vacacional en Canarias vuelve a estar en el centro de la polémica. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a las principales plataformas digitales, como Airbnb y Booking, la existencia de 8.698 viviendas vacacionales ilegales que actualmente se ofertaban de forma activa en el archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno de España ha dado la orden inmediata de que todos esos anuncios sean retirados de manera urgente para intentar frenar la creciente expansión de este fenómeno que lleva años afectando a la convivencia en zonas turísticas y a la accesibilidad de la vivienda para los residentes.
Estas viviendas proceden íntegramente del mercado residencial tradicional. Sus propietarios, en su momento, solicitaron el número de registro obligatorio que se exige desde el 1 de julio para poder operar como alojamiento turístico. Sin embargo, dichas solicitudes fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos legales, lo que debería haber supuesto el cese inmediato de su actividad. En lugar de acatar la normativa, los dueños optaron por seguir alquilándolas a turistas, manteniéndolas en oferta de forma clandestina y cometiendo así una ilegalidad que, en muchos casos, resulta difícil de controlar. Este comportamiento ha provocado una tensión creciente entre los vecinos y el sector turístico, pues mientras unos ven en estas viviendas una fuente de ingresos rápida y rentable, otros sufren directamente las consecuencias de un mercado inflado y una oferta desregulada.
Municipios más afectados por la ilegalidad
La magnitud del problema se hace especialmente evidente en municipios como Adeje, en Tenerife, donde se rechazaron 765 solicitudes, lo que la sitúa a la cabeza de las localidades más afectadas. Muy cerca se encuentra San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, con 637 solicitudes rechazadas, seguida por Puerto de la Cruz, también en Tenerife, con 531.
La situación se repite en otras islas y zonas turísticas emblemáticas, como en La Oliva, en Fuerteventura, donde se han detectado 484 viviendas ilegales, o en Yaiza, en Lanzarote, donde se contabilizan 442. Estas cifras reflejan la gravedad de un problema que afecta a todo el archipiélago y que tiene su origen en la enorme presión que el turismo ejerce sobre la vivienda. En total, Canarias concentra el 16,14% de todas las viviendas vacacionales irregulares de España, situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor número de inmuebles en situación ilegal, un dato alarmante que pone de manifiesto la falta de control en el sector.
Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE en Canarias, se ha pronunciado al respecto a través de la red social X, asegurando que esta medida es “concreta, efectiva y real, frente al vacío que representa el Gobierno de Canarias en materia de vivienda”. Con estas palabras, Torres ha querido evidenciar la ausencia de una estrategia clara por parte del Ejecutivo autonómico para frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales que, durante años, han crecido sin apenas supervisión.
Falta de control y mercado sumergido
El escenario actual refleja una situación mucho más compleja de lo que muestran los datos oficiales. Aunque el Gobierno de Canarias sostiene que solo 48.000 viviendas se comercializan de forma legal, la realidad es que en el archipiélago existen más de 70.000 viviendas vacacionales censadas, y se estima que la cifra real de las que operan sin estar registradas podría llegar a duplicar ese número, lo que supone un mercado sumergido gigantesco y difícil de fiscalizar.
El principal problema radica en que, aunque los anuncios sean retirados de plataformas visibles como Airbnb o Booking, nada impide a los propietarios seguir ofreciendo estos alojamientos a través de otras vías, como agencias inmobiliarias, redes sociales, grupos privados de mensajería o incluso páginas web menos conocidas. Esta realidad convierte la retirada de los anuncios en una medida limitada que ataca solo la parte más visible del problema, pero no su raíz. Sin una estrategia de inspección sólida y una verdadera voluntad política de regular y controlar el sector, los pisos turísticos ilegales seguirán proliferando.
Esta situación tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los residentes. El crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional ha provocado un encarecimiento histórico de los alquileres y ha reducido la oferta de viviendas disponibles para familias locales, que se ven desplazadas de sus propios barrios por la especulación y la presión turística. En zonas como el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, la convivencia se ha visto afectada, con comunidades enteras transformadas en parques temáticos para visitantes, mientras los vecinos se enfrentan a la pérdida de identidad de sus barrios y a problemas de ruido, saturación de servicios y falta de acceso a una vivienda digna.
Un reto pendiente para el futuro
Además, la falta de control ha abierto la puerta a que fondos de inversión y grandes propietarios se sumen al negocio, incrementando aún más la competencia desleal con el sector hotelero y con quienes sí cumplen la normativa. El resultado es un círculo vicioso en el que los beneficios se concentran en pocas manos, mientras la población residente paga el precio social y económico.
Sin un plan contundente que combine inspección, sanciones efectivas y medidas que garanticen la vivienda asequible para la población local, el problema seguirá creciendo. El reto es enorme y requiere coordinación entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, quienes hasta ahora han demostrado una preocupante falta de implicación.
Por ahora, la orden de retirar casi 9.000 anuncios supone un paso simbólico, pero insuficiente. Mientras no exista una estrategia real de control y regulación, los propietarios continuarán encontrando formas de sortear la ley y de mantener en funcionamiento este lucrativo mercado paralelo, con graves consecuencias para la sociedad canaria y para el futuro de las islas como destino turístico sostenible.
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