Los gatos, la esterilización y quienes están tirando del carro?

En Tenerife, cada día más personas de a pie están asumiendo una responsabilidad que no les corresponde: la de controlar la reproducción de las gatas callejeras. Lo hacen porque nadie más lo hace. Lo hacen porque ven el problema crecer ante sus ojos, entre parques, descampados y calles donde las camadas se multiplican sin control. Y lo hacen, sobre todo, porque sienten que si no lo hacen ellos, no lo hará nadie. “No es justo que tengamos que pagar nosotras la operación de cada gata, pero si no lo hacemos, al mes siguiente hay otras tres pariendo en el mismo sitio”, cuenta una vecina del sur, que ya ha esterilizado por su cuenta a cinco gatas del barrio.

Una realidad que las administraciones ignoran

El problema de las colonias felinas en Tenerife no es nuevo. Desde hace años, asociaciones y protectoras vienen advirtiendo del riesgo de superpoblación y del daño que provoca tanto en el bienestar de los animales como en la fauna autóctona. Aun así, las campañas municipales de control son puntuales, escasas y mal financiadas. En algunos ayuntamientos, el presupuesto para esterilizaciones se agota en cuestión de semanas, y en otros, directamente no existe un plan de actuación. El resultado es una red improvisada de ciudadanos, voluntarios y asociaciones que, sin medios, intentan suplir la falta de gestión pública.

En paralelo, los veterinarios privados reciben cada vez más consultas de personas que, sin pertenecer a ninguna organización, piden precios reducidos o esterilizaciones solidarias. “Hay quien llega llorando porque no puede pagar, pero tampoco quiere dejar que la gata siga criando en la calle”, explica una clínica de Granadilla. La sensibilidad ciudadana crece, pero los recursos no.

Colonias invisibles, costes reales

A simple vista, el problema puede parecer menor. Pero los datos son contundentes: una sola gata puede tener hasta tres camadas al año, con una media de cuatro o cinco crías cada vez. Si no se interviene, en pocos meses una colonia puede duplicarse. Sin embargo, la gestión pública sigue siendo mínima. En 2024, el Cabildo de Tenerife destinó alrededor de 670.000 euros al control de gatos callejeros, pero las asociaciones animalistas consideran que esa cifra apenas cubre una fracción del problema. Además, la falta de coordinación entre ayuntamientos provoca que en muchos municipios la actuación sea casi simbólica.

Mientras tanto, son las vecinas y vecinos quienes se encargan de organizarse: crean grupos, coordinan campañas, buscan clínicas colaboradoras y, muchas veces, pagan de su propio bolsillo las intervenciones. Lo hacen con responsabilidad, pero también con impotencia. “Hemos llegado al punto de tener que hacer rifas y mercadillos para poder pagar las esterilizaciones. Es surrealista”, afirma una voluntaria de una colonia en San Miguel de Abona.

Un silencio que cuesta vidas

La ausencia de un plan unificado y sostenido en el tiempo no solo perpetúa el sufrimiento de miles de gatos, sino que agrava los problemas sanitarios y ambientales. Las camadas no deseadas terminan abandonadas, atropelladas o enfermas; los vecinos denuncian olores, suciedad y conflictos; y las especies autóctonas, como las aves nidificantes, sufren el impacto de los gatos asilvestrados. Todo ello podría evitarse con un programa público serio de esterilización, identificación y control, pero las administraciones siguen sin asumirlo con firmeza.

Tampoco se trata únicamente de una cuestión económica. La falta de sensibilidad institucional deja en evidencia la desconexión entre la realidad social y la política. Porque no hay excusas cuando el coste de una esterilización ronda los 60 o 80 euros, una cantidad ínfima comparada con los problemas que genera la inacción. “Se habla de bienestar animal, pero no se destinan recursos reales. Al final, lo estamos sosteniendo nosotros con tiempo, dinero y frustración”, resume otra vecina del Valle de Güímar.

El reflejo de una isla que cuida sola

Detrás de cada gata esterilizada hay una historia de compromiso individual, de personas que madrugan para atrapar animales, los llevan al veterinario, los alimentan y los devuelven a su entorno. Son los mismos vecinos que limpian los comederos, buscan adopciones y tratan de mantener un equilibrio donde el sistema ha fallado. No piden reconocimiento, solo responsabilidad compartida.

En una isla que presume de ser un paraíso natural, resulta paradójico que el control de una situación tan sencilla dependa de la buena voluntad ciudadana. Mientras los ayuntamientos elaboran planes estratégicos y el Cabildo debate competencias, los gatos siguen pariendo bajo los coches, en solares abandonados o entre las rocas del litoral. Y quienes realmente están haciendo algo —los vecinos de siempre— continúan pagando el precio del abandono institucional.