Entre desalojos, alquileres imposibles y promesas que nunca llegan, la vivienda se ha convertido en el nuevo lujo
Hace unos días, en pleno centro de Santa Cruz, las autoridades desalojaron un par de tiendas de campaña instaladas en la calle. No eran parte de ningún festival, ni una acción artística, ni un experimento social: eran personas. Personas que, simplemente, no tenían dónde dormir.
Dos tiendas. Dos espacios diminutos que, durante unas noches, fueron lo más parecido a un hogar. Y aun así, fueron desalojadas. Quizá porque molestaban a la vista, porque recordaban que bajo los discursos de “ciudad moderna y abierta al turismo” hay otra realidad mucho menos fotogénica: la de quienes viven en la cuerda floja, o directamente en la calle.
Mientras tanto, los precios de los alquileres siguen creciendo sin freno. En el sur de Tenerife, encontrar un estudio por menos de 800 € ya es una rareza. En el norte, los pisos asequibles desaparecen en cuestión de horas. Las condiciones para acceder a una vivienda rozan la humillación: nóminas imposibles, avales, seguros de impago, fianzas que duplican el salario mensual.
Y para quienes trabajan en la hostelería, en la atención al público, en los servicios —es decir, para quienes mantienen en pie la economía real de las islas—, ya ni siquiera se trata de elegir bien: simplemente no hay dónde vivir.
Porque el verdadero enemigo silencioso tiene nombre: Airbnb.
El boom del alquiler vacacional ha vaciado los barrios y multiplicado los precios. Donde antes había comunidades, ahora hay maletas con ruedas. Donde había vecinas, ahora hay huéspedes de paso. Y todo con el beneplácito de las instituciones, que siguen sin aplicar medidas efectivas para limitar el modelo que ha convertido la vivienda en un bien especulativo.
Y claro, mientras los fondos de inversión compran edificios enteros y los ayuntamientos se felicitan por las cifras turísticas, la clase trabajadora es desplazada a kilómetros de su lugar de trabajo, pagando alquileres absurdos y perdiendo horas de vida en la carretera.
Lo más perverso de todo es que esto no es un accidente. Es un modelo. Uno que beneficia a unos pocos y empuja al resto al borde del abismo.
Por eso, tal vez haya que dejar de fingir que todo sigue igual.
Tal vez haya que decirlo sin miedo: si no hay vivienda, habrá que acampar. Si las calles son lo único que nos queda, pues que las calles se llenen de tiendas. Que cada portal vacío se convierta en símbolo. Que la gente vea —de una vez por todas— lo que significa vivir sin derechos reales.
¿Y si pasamos del “esperar soluciones” al “organizar soluciones”?
¿Y si creamos una red ciudadana que mapee los Airbnbs vacíos y los pisos abandonados? Una aplicación colectiva, un “Airbnb inverso”, donde no se alquile, sino que se recupere el uso común. Donde el objetivo no sea el lucro, sino la supervivencia.
Parece radical. Pero radical es permitir que una isla entera viva en alquileres de lujo mientras la mayoría apenas puede pagar la luz. Radical es echar a una familia para abrir un loft turístico con jacuzzi. Radical es mirar hacia otro lado mientras la desigualdad se normaliza.
La vivienda no debería ser una utopía. Debería ser un derecho. Pero aquí, en Canarias, como en tantas partes de España, se ha convertido en una especie de privilegio que solo unos pocos pueden costear.
Así que, si los gobiernos no se atreven a tocar los intereses del negocio turístico, si las leyes se escriben para los fondos y no para la gente, si seguimos esperando sin levantar la voz… entonces no quedará otra que ocupar las calles, los portales, los Airbnbs y hasta los balcones de las promesas incumplidas.
Porque lo que se está jugando no es solo el precio del alquiler.
Es el futuro de una generación que ya no puede emanciparse, el de los mayores expulsados de sus barrios, el de los jóvenes que viven en habitaciones compartidas a precios de oro.
Y si hace falta plantar una tienda de campaña frente a cada edificio vacío, se plantará. Si hace falta dormir bajo un cartel de “se alquila”, se dormirá.
Porque ya no se trata de pedir compasión, sino de exigir justicia.
Y si las instituciones no mueven un dedo, no pasa nada.
Nosotros moveremos las tiendas.
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